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El nuevo Barómetro de los Gestores Administrativos (gA) recuerda que 175.000 negocios han tenido que cerrar desde que comenzó la pandemia y que actualmente 150.000 empresas tienen todavía algún trabajador en ERTE. De estas últimas empresas, 95.000 no van a poder recuperar a todos sus trabajadores, según los datos recogidos

El Barómetro de los Gestores Administrativos (gA) del mes de junio sigue mostrando los efectos negativos que está dejando la pandemia. Un total de 175.000 negocios ya han desaparecido desde que comenzara la crisis sanitaria, según los datos  del estudio, que revela que otras 110.000 empresas pueden desaparecer si se eliminan las medidas de contención (ERTE, moratorias, etc.), que aprobó el Gobierno.

Además de contar con las medidas correctoras que acordó el Gobierno, los gA vienen reclamando desde hace tiempo mecanismos que ayuden a los negocios a no hundirse cuando les falten dichas medidas. Es el caso de miles de empresas fantasma que se apoyan en la moratoria concursal, en las moratorias de alquileres o en los propios ERTE que, cuando estas facilidades desaparezcan, no van a poder hacer frente a sus compromisos.

Según los datos recabados por los Gestores Administrativos en toda España, hay unas 150.000 empresas que mantienen a alguna persona de su organización en ERTE; de éstas, indica el Barómetro que 95.000 no van a recuperar a todo su personal. De esta forma, y 16 meses después de que se decretara el primer estado de alarma, la mayor parte de las empresas siguen sin percibir las ayudas directas. Por desgracia, cuando estas ayudas se perciban muchas de estas empresas ya no tendrán viabilidad.

Los datos más recientes del Barómetro de los gA indican que el 8,2% de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) van a despedir personal en los próximos meses. Un dato positivo es que, según el estudio, el 12,5% de los negocios se van a animar a contratar personal próximamente. Aún así, y aunque se produzcan mayores contrataciones que despidos, el panorama que se presenta es complicado, especialmente en otoño, debido principalmente a los autónomos que están en cese de actividad, a una buena parte del personal en ERTE que no va a recuperar su empleo y a la desaparición de negocios, que a su vez supondrá la desaparición de las medidas de contención.

El anterior Barómetro de los Gestores Administrativos indicaba que hasta 2023 no se empezarían a percibir síntomas reales de recuperación. Precisamente, y a pesar del optimismo del Gobierno, auspiciado en los datos del ritmo de vacunación, la campaña de verano yla reducción de trabajadores en ERTE, la realidad demuestra que sin los mecanismos necesarios para “mantener con vida” al sector empresarial español, la recuperación no podrá ser un hecho. Si además, a esto se une la inseguridad que generan noticias como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la contra reforma laboral o la subida de impuestos, la confianza de los pequeños y medianos empresarios merma. De hecho, el Barómetro de los gA señala que el 65% de los Gestores Administrativos creen que una subida del SMI supondrá despidos, frente a un 28% que no lo cree.

Otro dato interesante del Barómetro de junio es que el 36% de los Gestores Administrativos consideran que los negocios no han demandado al Estado por la prohibición de trabajar que supuso el primer Estado de Alarma, para evitar represalias e inspecciones.

El 60% de los Gestores Administrativos, en el presente Barómetro, indican que es necesaria la creación de una nueva organización que defienda los intereses de las PYME, frente al 18% que considera que no es necesario y al 5% que entiende que las existentes lo hacen bien. Preguntados los Gestores Administrativos sobre cómo debería financiarse las organizaciones empresariales, el 70% cree que debe hacerse con las cuotas de sus asociados, el 52% opina que deberían hacerlo con la venta de servicios y productos a las PYME, y menos del 40% creen que deberían financiarse con subvenciones.

Por esa razón, los Gestores Administrativos estudian la creación de una organización empresarial que defienda, de manera independiente, los intereses de las PYME que, en general, no tienen porqué coincidir con los de la gran empresa. Una organización que podría autofinanciarse con sus socios y con sus servicios.