Noticias

El 21% de las pequeñas y medianas empresas precisan acogerse a las ayudas directas aprobadas por el Gobierno, si bien el 43% de éstas no podrán hacerlo por impagos a Hacienda y a la Seguridad Social.

El último barómetro de los Gestores Administrativos, que se ha llevado a cabo entre los días 9 y 13 de abril, deja al descubierto un dato alarmante para las pequeñas y medianas empresas: un 23% de las PYME que cuentan con un ICO no podrán acogerse a las medidas de ampliación de la carencia o la amortización que aprobó el Gobierno el pasado mes de noviembre. Esto es así como consecuencia de tener impagos con más de 90 días frente a entidades financieras.

Una de las condiciones para poder ampliar los plazos de carencia y amortización de los ICO Covid es no estar en mora. Sin embargo, la medida no es realista, ya que parece desconocer las graves dificultades por las que están pasando las PYME debido a su falta de liquidez que les impiden hacer frente a sus compromisos financieros. “Es una regla de tres sencilla de entender. Si la economía no existe o se ha reducido drásticamente en el mejor de los casos, lo lógico es que las PYME precisen ayuda. Y en esa situación se encuentran todas sin excepción, ya que tanto las que con mucho esfuerzo han podido estar al día, como las que arrastran mora, necesitan ayuda más que nunca. Y en esas circunstancias tan excepcionales como las que estamos viviendo no se puede mirar hacia otro lado y dejarlas caer”, asegura la presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Santa Cruz de Tenerife, Estefanía Hernández.

Otro de los datos reveladores de la situación que viven las pequeñas y medianas empresas y que arroja el barómetro de los gA, establece que el 21% de las PYME precisan acogerse a las ayudas directas establecidas por el Real Decreto Ley 5/2021. Sin embargo, un 43% de estas empresas no podrán hacerlo por no estar al día en sus pagos a Hacienda y a la Seguridad Social, requisito para poder acceder a las ayudas directas.

Ese dato viene a demostrar “un absoluto desconocimiento de como funciona nuestro tejido productivo”, advierte Estefanía Hernández. Las PYME son el motor económico del país y si no se salvan los negocios se producirá un colapso de la economía y del empleo. “Nuestros dirigentes deben ser conscientes de que cuando se producen graves problemas financieros en los negocios, como estamos viendo de manera generalizada en nuestros despachos, lo primero que se deja de pagar son las deudas con Hacienda y la Seguridad Social, y luego los préstamos, porque se busca mantener la actividad y pagar a los empleados, si es que hay algo de liquidez”, apunta la presidenta de los gA de Santa Cruz de Tenerife.

El barómetro de los gA del mes de abril ha recogido además información sobre la obligación de completar un registro de retribuciones aprobado por el RD 902/2020, con el objetivo de reducir la brecha salarial. Según los datos ofrecidos por los Gestores Administrativos, tan sólo el 33% de las PYME conocen las obligaciones establecidas por el citado RD, que se aprobó el 13 de octubre de 2020. Y sólo el 23% de las PYME están actualmente preparadas para aportar la información solicitada.

Los Gestores Administrativos han echado en falta una mejor campaña de información por parte del Ministerio “para evitar que las pequeñas y medianas empresas llegaran a esta situación. De momento, solo ven muy lejos la salida a la pesadilla que están viviendo”, señala Estefanía Hernández, quien se suma a otras voces autorizadas del colectivo que solicitan “medidas que fomenten el crecimiento, la innovación y la internacionalización de nuestras PYME. La desidia gubernamental de la que estamos siendo testigos, sumado a su desconocimiento del funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas y su valor esencial para la economía global del país, está provocando la desaparición de nuestro tejido empresarial”.