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Durante la celebración del II Congreso Nacional ‘Consejo General-ICOGAM’ en Madrid, en el que han participado destacados políticos y expertos del ámbito jurídico, se ha debatido sobre el derecho a la defensa, la revisión de la Constitución, la seguridad jurídica, y los fondos europeos. 

El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España y el Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM) han celebrado en Madrid el II Congreso Nacional ‘Consejo General-ICOGAM’. El encuentro ha contado con dos ponencias y cinco mesas redondas con la participación numerosos expertos del mundo jurídico y del económico.

Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General y del ICOGAM, ha inaugurado el acto, destacando la importancia de la seguridad jurídica y la solvencia económica como los dos elementos básicos para el desarrollo de una sociedad. Santiago ha recalcado que un ambiente de confianza jurídica es esencial para el bienestar de la nación, donde se garantice la igualdad de derechos en un marco legal, justo y eficaz. Además, el presidente del ICOGAM ha señalado que una reforma de la Constitución es necesaria para adaptarse a los desafíos contemporáneos y contemplar los derechos y deberes derivados del cambio climático, la protección de datos personales y para dar respuestas a crisis globales como la reciente pandemia. Debemos “dejar de ver la reforma como una amenaza a la estabilidad, sino como una adaptación a nuestro tiempo”, ha añadido.

La primera ponencia titulada “El derecho a la defensa: la base para una sociedad segura”, ha sido ofrecida por José Manuel Vera Santos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos. Su intervención se ha centrado en la posición de los Gestores Administrativos en el proyecto de ley del artículo 24 de la Constitución: el derecho a la defensa. Según Vera Santos, los Gestores Administrativos podrían encontrarse con un “protagonismo básico” en el proyecto de ley, ya que se encargarían del asesoramiento previo al procedimiento previsto legalmente. Se tendría que abrir, por tanto, la participación de la justicia a muchos más sujetos y no solo a los abogados.

Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, ha basado su ponencia en la pregunta: “¿Es el momento de revisar la Constitución?”. Para la presidenta, “hay que sentarse para reformar la Constitución y fortalecer 50 años más la grandeza del pueblo español”. Entre las cuestiones que habría que adecuar, ha recalcado el título octavo, que tiene que reformarse con las garantías propias de un estado federal; la ampliación de algún derecho con fortificación de servicio público; y la aparición de la pertenencia de España en la Unión Europea.

La primera mesa redonda “¿Hacia dónde debería ir una posible revisión de la Constitución?”, moderada por Yolanda Rodríguez de Confilegal, ha contado con Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional; Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional; y Laura Díez Bueso, magistrada del Tribunal Constitucional.

Laura Díez ha señalado que, desde el punto de vista más técnico, las constituciones deben reformarse cuando hay una necesidad manifiesta y clara; como puede ser un desfase evidente entre la Constitución y la realidad o bien una novedad en la historia del país, como la inclusión en la UE. Enrique López, por su parte, ha asegurado que “ha habido cambios sociales, económicos y políticos que podrían justificar una reforma constitucional”. También se ha mostrado conforme a añadir a Europa en la Constitución, ya que “en el mundo jurídico hay un consenso sobre lo que reformar”. Ambos han estado de acuerdo en modificar el título octavo.

Enrique Arnaldo ha subrayado que la Constitución es “actual y moderna, aunque hayan pasado 45 años” y “sigue dando respuestas a los problemas del país”. Arnaldo se ha mostrado más pesimista y ha advertido que hace 45 años, conservadores y comunistas se ponían de acuerdo. Algo que califica de “inaudito en la sociedad actual”. Arnaldo y López han coincidido en que “no se le puede hacer decir a la Constitución cosas que no dice”.

La segunda mesa redonda sobre “Economía real y seguridad jurídica”, ha moderada por Xavier Gil Pecharromán, periodista de El Economista, ha contado con la participación de Juan Jiménez de la Peña, magistrado del Tribunal Constitucional e Ignacio Gomá Lanzón, director de la Fundación Notariado.

Ignacio Gomá, director general de la Fundación del Notariado, ha enfatizado la inmensa relación entre seguridad jurídica y economía, defendiendo firmemente la digitalización como una herramienta indispensable para aumentar la eficiencia sin comprometer la seguridad jurídica: “Es evidente que la utilización de las nuevas tecnologías produce una mayor eficiencia. La digitalización no altera para nada la seguridad jurídica; la mejora”. Juan Jiménez de la Peña, registrador, coincidió en la importancia de la digitalización, subrayando que es una exigencia de Europa y que España está realizando un esfuerzo considerable para estar a la altura. Además, destacó que la proliferación excesiva de normas dificulta la actividad económica y ha recalcado la importancia de los registros públicos en la toma de decisiones políticas.

La tercera mesa redonda, titulada “La justicia: un servicio público de calidad”, conducida por Javier San Martín, Doctor en Derecho, ha contado con las intervenciones de Juan Carlos Campo Moreno, magistrado del Tribunal Constitucional; Rafael Catalá Polo, socio de Carles Cuesta Abogados; y Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado por el PSOE.

Rafael Catalá Polo destacó la importancia de la accesibilidad del servicio público de justicia para los ciudadanos, subrayando que la justicia debe estar presente en todo el territorio y dotada de herramientas que mejoren la calidad del servicio. Juan Fernando López Aguilar enfatizó que la justicia debe ser efectiva, equilibrando recursos y resultados, y ha destacado la importancia de la responsabilidad judicial y del Ministerio Fiscal. Además, ha subrayado la relevancia de la legislación del Parlamento Europeo. Juan Carlos Campo Moreno ha advertido sobre la alta litigiosidad y la necesidad de reestructurar un sistema judicial agotado: “Un servicio público que no se adecúa a sus tiempos, da igual el dinero que le metas porque el sistema lo fagocita”. Los tres ponentes coincidieron en la necesidad de una mejor organización y de reformas estructurales para que la justicia pueda adaptarse a los desafíos contemporáneos y para servir mejor a la ciudadanía.

En la cuarta mesa, bajo el título “Situación económica de Europa y España: ¿han sido los fondos Next Generation el revulsivo pretendido?” y moderada por Gregorio Izquierdo, director del departamento de economía de la CEOE, han participado Pedro Casares del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, y José Vicente Marí Boso, del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados, que ofrecieron visiones económicas dispares. Mientras Casares destacó los datos macroeconómicos positivos de España, en los que atribuyó gran parte del buen desempeño al despliegue de los fondos europeos, Marí Boso expresó que debemos poner todo en su contexto, ya que España fue el país que peor desempeño tuvo durante la pandemia y el país que más tardó en recuperarse. Por tanto, “crecemos, pero no lideramos el crecimiento europeo”.

La quinta mesa versó sobre “Cómo armar los fondos europeos para competir con EEUU y China” y fue moderada por Carlos Sánchez de El Confidencial y contó con la participación de Santiago Sánchez, asesor del Grupo Parlamentario Popular; Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU-San Pablo; y Javier Santacruz, economista. Santacruz ha resaltado la gran inversión de las superpotencias en desarrollo tecnológico, especialmente en Inteligencia Artificial y vehículos eléctricos. Por otro lado, Pampillón mostró su preocupación por la falta de liderazgo europeo en I+D e hizo hincapié en la escasez de capital en España. Sánchez enfatizó la incapacidad de Europa para absorber la cantidad de fondos y la falta de producción significativa en sectores clave como los microchips.

Fernando Santiago se encargó de cerrar el encuentro. El presidente del Consejo General y el ICOGAM destacó la necesidad de ampliar la participación a otros actores en el sistema judicial y la importancia de consensuar cualquier modificación constitucional. Reconoció el impacto positivo de las nuevas tecnologías en la eficiencia legal y la adaptación de los servicios públicos a las demandas sociales. Considera los fondos europeos como una oportunidad histórica, aunque ha enfatizado la importancia de no descuidar las necesidades de las empresas y de evitar una excesiva regulación que pueda afectar al mercado. “Me quedo con el comentario de José Vicente Marí, cuando indicó que los Gestores Administrativos conocemos la marcha de los negocios de primera mano. Así es, y por eso nos preocupa que la evolución de lo macro no esté permitiendo analizar con detalle lo micro: las penurias que todavía a día de hoy sufren los pequeños y medianos negocios”, cerró Santiago.